El espacio informativo se ha convertido en un bien común sobreexplotado. La lucha por acaparar atención pesa más que las reglas para cuidar ese espacio que la democracia necesita.
En diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional de Rumania anuló una elección presidencial. No por fraude en las urnas, sino porque el espacio informativo en el que los ciudadanos formaron su opinión había sido contaminado hasta volverse irreconocible.
Una red de más de 27.000 cuentas coordinadas en TikTok había fabricado una ola de apoyo artificial para un candidato ultranacionalista que semanas antes apenas registraba el 5% en las encuestas. El algoritmo hizo el resto. Según los informes de Global Witness, organización investigativa especializada en transparencia digital, los contenidos favorables a ese candidato aparecían entre 5 y 14 veces más que los de su rival. Primera vez en la historia de la Unión Europea que se cancelaba un proceso electoral porque el terreno donde los ciudadanos formaban sus opiniones había sido envenenado.
Lo ocurrido en Rumania fue algo extremo, pero se reproduce con variaciones en todo el mundo. Lo que debería ser un espacio compartido para informarse y deliberar, con frecuencia ahora funciona como un terreno donde cada actor extrae lo que puede sin reparar en el daño colectivo. Para entender por qué resulta útil una idea formulada hace más de medio siglo.
El pastizal que todos usan y nadie cuida
En 1968, el biólogo Garrett Hardin publicó en la revista Science un ensayo que se convertiría en uno de los más citados del siglo XX. Imaginemos, decía, un pastizal abierto a todos los ganaderos de una comunidad. Cada ganadero que añade una res obtiene un beneficio inmediato y privado. El costo de esa res adicional (el deterioro del pasto) se reparte entre todos. Desde la perspectiva de cada individuo, la decisión es racional. Pero cuando todos razonan igual, el resultado colectivo es la ruina del pastizal. Hardin lo llamó la “tragedia de los comunes”.
La idea no era nueva. En ciencias sociales se aprende pronto una observación que aparece en La Política de Aristóteles: “Lo que es común a la mayoría es lo que menos se cuida”. Pero Hardin le dio formulación moderna. Y aunque su modelo fue criticado por asumir la ausencia total de reglas (él mismo reconoció después que debió titularlo la “tragedia de los comunes desregulados”), la estructura lógica sigue vigente. Cuando no hay mecanismos de gobernanza, los incentivos individuales destruyen el recurso colectivo.
Esa estructura describe con precisión lo que ocurre hoy con el espacio informativo. El recurso sobreexplotado ya no es un pastizal sino algo más abstracto y más frágil, compuesto por la capacidad compartida de los ciudadanos para distinguir lo verdadero de lo falso, el volumen limitado de atención que pueden dedicar a procesar información política y la confianza colectiva en que las reglas del juego democrático funcionan. Esos tres bienes (la credibilidad de la información, la atención pública y la legitimidad de la democracia) son recursos compartidos, de acceso libre, finitos y vulnerables.
En 2024, Benjamin Farrer explicó estos puntos en un artículo aparecido en Political Studies que ya es referencia. Farrer planteó que la comunicación política contemporánea reproduce la estructura de la tragedia de Hardin. Las organizaciones compiten por una atención limitada y tienen incentivos para enviar mensajes cada vez más estridentes. Eso lleva a que la mayoría de los ciudadanos se desconecten, y quienes permanecen en las deliberaciones asumen posiciones polarizantes. La comunicación corporativa produce el mismo efecto. Por eso se ha comenzado a explicar que la competencia por la atención es un problema estructural anterior a Facebook o TikTok, arraigado en la forma como las democracias de masas producen y consumen información. Las plataformas no inventaron la tragedia, pero sí la aceleraron. De ahí que regularlas es urgente e imprescindible, pero no suficiente.
Políticos, empresas y ciudadanos desgastan el mismo espacio
Para que se active la tragedia, cada actor debe tener un incentivo para sobreexplotar el recurso. En el ecosistema informativo, ese incentivo funciona en tres niveles que se refuerzan entre sí.
El primero es político. Un candidato que lanza un rumor falso obtiene un beneficio inmediato y privado. Moviliza a sus bases, debilita al adversario, desvía la agenda. El costo de ese rumor (la pérdida de confianza colectiva en la información) se reparte entre toda la ciudadanía. La asimetría es perfecta. Beneficio concentrado, daño difuso. Juan Carlos Vélez Uribe lo demostró sin proponérselo cuando admitió que la estrategia de la campaña del No en el plebiscito colombiano de 2016 consistió en “dejar de explicar los acuerdos” y concentrarse en “exacerbar el miedo y la indignación”. Funcionó. El costo democrático todavía se paga desde ese hito fundacional de las fakenews en Colombia
El segundo nivel es económico. Las plataformas digitales no son árbitros neutrales, sino máquinas diseñadas para maximizar el tiempo de uso. Sus algoritmos premian lo que indigna, lo que divide, lo que simplifica. Como advirtió el Nobel de Economía Herbert Simon en 1971, una riqueza de información produce una pobreza de atención. O como lo ha dicho el tan de moda Byung-Chul Han con más contundencia: “El capitalismo no ama el silencio porque este no produce nada. El capitalismo de la información produce la compulsión a comunicar”.
El tercer nivel es ciudadano. Compartir un video que confirma lo que ya creemos produce una satisfacción instantánea. Verificarlo exige tiempo, energía y, a veces, la disposición a aceptar que estábamos equivocados. Cada ciudadano que reenvía una cadena sin verificarla actúa como el ganadero de Hardin que añade una res. Obtiene la recompensa emocional inmediata, pero el deterioro del espacio informativo lo absorbemos todos.
Tres mecanismos de envenenamiento
Los casos recientes permiten distinguir cómo el deterioro se manifiesta de formas distintas según el tipo de plataforma, aunque la lógica subyacente sea la misma.
En WhatsApp, el espacio informativo funciona como un territorio cifrado y sin supervisión posible. Las cadenas virales circulan sin trazabilidad ni costos visibles para quien las reenvía. En Brasil, entre 2018 y 2022, ese sistema se convirtió en una infraestructura permanente de desinformación. La Fundación Mozilla documentó ciclos en los que la audiencia no solo consumía contenido falso, sino que lo co-creaba. La consecuencia se materializó en acciones en el mundo real. El 8 de enero de 2023, miles de ciudadanos convencidos de que las elecciones habían sido fraudulentas asaltaron el Tribunal Supremo, el Congreso y el Palacio Presidencial en Brasilia.
En TikTok, la distribución del contenido la decide un algoritmo cerrado que premia la interacción sobre la veracidad. El caso rumano de 2024 mostró las consecuencias. La investigación de la Comisión Europea sobre este caso sigue abierta. Los eurodiputados rumanos se han quejado con razón: “Necesitamos mecanismos de respuesta rápida, no hallazgos posfacto”.
X (antes Twitter) representa un fenómeno distinto, el de la destrucción deliberada de los mecanismos de gobernanza por parte de quien debería protegerlos. Desde la compra de Elon Musk en 2022, la plataforma desmanteló sus equipos de moderación, eliminó la verificación de identidad, revocó prohibiciones a cuentas extremistas y se retiró del Código de Prácticas contra la Desinformación de la UE. Un estudio de PLOS ONE (2025) documentó un aumento de aproximadamente 50% en el discurso de odio. En la lógica de Hardin, es como si el administrador del pastizal derribara las cercas y comenzara él mismo a soltar aún más ganado.
Los ciudadanos también degradan el espacio compartido
Hasta aquí, el diagnóstico podría reducirse a una cuestión de actores maliciosos. Pero el estudio publicado este año en el International Journal of Communication por Liwen Zhang obliga a que maticemos el cuadro. Zhang analizó el discurso populista de base en el Freedom Convoy canadiense y los Gilets Jaunes franceses y encontró que los ciudadanos comunes y corrientes, al competir por visibilidad en las redes, contribuyen sin proponérselo en lo que llamó “agotamiento discursivo”. Es otras palabras, la intensificación de mensajes impactantes que se necesita para ser visible en un entorno saturado termina destruyendo el propio espacio de conversación que la hace posible.
Ese hallazgo es muy relevante porque desplaza la responsabilidad del plano de los actores maliciosos de élite al plano estructural. También los ciudadanos, al actuar racionalmente dentro de las reglas del juego digital, favorecen la degradación del espacio informativo. La tragedia no es el triunfo de “los malos”. Es la suma de muchas decisiones individuales que parecen razonables por separado y que, sumadas, terminan causando un daño colectivo enorme.
Colombia 2026: el estado del pastizal
Los datos más recientes confirman que el espacio informativo colombiano llega al ciclo electoral de 2026 con signos visibles de deterioro. Según Kaspersky (marzo de 2026), el 41% de los colombianos no sabe identificar una noticia falsa, el 78% ha estado expuesto a desinformación en el último año y el 50% ha recibido contenido engañoso por WhatsApp o Telegram. La satisfacción con la democracia cayó del 39% al 17% entre 2010 y 2023 (Latinobarómetro), mientras el uso de redes sociales se disparaba.
La contaminación ya viene de todos los flancos. La oposición ha difundido imágenes generadas con inteligencia artificial. Y el propio presidente Petro ha contribuido de forma reiterada en esa especie de carrera por la desinformación que se aceleró con la ayuda de los algoritmos desde el plebiscito de 2016. El recurso compartido se ha ido degradando más con cada ciclo electoral.
La tragedia de los comunes, sin embargo, no es un resultado automático. Elinor Ostrom, la economista que ganó el Nobel en 2009, demostró que las comunidades pueden gestionar recursos compartidos de manera sostenible cuando desarrollan reglas claras, supervisión colectiva y sanciones proporcionales. Brasil avanzó con regulaciones que sancionan los deepfakes y obligan a declarar el uso de IA en publicidad política. La Unión Europea desarrolló la Ley de Servicios Digitales. Colombia cuenta con piezas importantes (entidades de verificación de datos como Colombiacheck y el trabajo coordinado de la MOE, la Registraduría y la CRC), pero la escala del problema digital ya desborda los mecanismos existentes.
La diferencia entre la tragedia y el escenario en el que la cooperación produce resultados virtuosos no debería ni puede depender de la buena voluntad de unas cuantas instituciones e individuos, sino del diseño institucional, ese conjunto de reglas, incentivos y mecanismos de supervisión que hacen que a cada actor le resulte más costoso contaminar el espacio compartido que cuidarlo. Para Colombia, eso incluye también convertir la alfabetización mediática e informacional en política pública con recursos y metas verificables, exigir transparencia algorítmica a las plataformas, dotar a los organismos electorales de capacidad sancionatoria efectiva en el entorno digital y construir alianzas permanentes entre verificadores, medios, academia y sociedad civil. La pregunta ya no es qué falta, sino quién se va a hacer cargo y con qué urgencia.
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